Venezuela debe garantizar la autonomía e independencia de los jueces y fiscales y, específicamente, resolver la situación de la jueza María Lourdes Afiuni en un juicio justo, independiente e imparcial, según solicitó este jueves el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Venezuela se sometió los pasados 29 de junio y 30 de julio al escrutinio del Comité, que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y este jueves el organismo ha presentado sus conclusiones.
Hay "informes sobre las consecuencias negativas que habría tenido para algunos jueces adoptar, en el desempeño de sus funciones, decisiones desfavorables al Gobierno", y cita el caso de la jueza Alfiuni.
La jueza fue detenida en diciembre de 2009 por poner en libertad a un empresario crítico con el Gobierno que ya había cumplido el máximo de prisión preventiva. La magistrada fue acusada después de que el entonces presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013) la llamara "bandida" y pidiera para ella la máxima pena de prisión.
Hasta ahora, su juicio no se ha celebrado y sigue sometida a medidas restrictivas de libertad, situación que ha sido criticada en reiteradas ocasiones por múltiples órganos de las Naciones Unidas. Afiuni ha denunciado que durante el tiempo de reclusión fue violada y que fue objeto de otros abusos sexuales.
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