Aunque por décadas Argentina se caracterizó por contar con unas estadísticas confiables que eran modelo para América Latina, en los últimos años el organismo encargado de contabilizarlas, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), ha estado en boca de entes públicos y privados por su supuesta falta de rigor técnico.
Ya desde enero del 2007, durante el gobierno del fallecido expresidente Néstor Kirchner, se comenzaron a denunciar las presuntas irregularidades que el organismo habría cometido en la medición del índice de precios al consumidor (IPC) y se lo acusó de manipular esa y otras cifras.
En los siguientes años, diversos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) le reclamaron al gobierno de la mandataria Cristina Fernández por la falta de rigor, transparencia e independencia del Indec, lo que ocasionó el reclamo airado de la presidenta y un enfrentamiento de declaraciones con la directora del ente multilateral, Christine Lagarde.
Esto produjo, en febrero del 2013, la aplicación de una “moción de censura” a Argentina por el FMI, al no presentar información creíble, por lo que el Gobierno argentino acusó al organismo de “trato desigual y doble estándar”.
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